Evolución de la factura electrónica en Latinoamérica

La mejora competitiva de los gobiernos Latinoamericanos radica en trasladar sus trámites a la era digital de Industria 4.0 (concepto también conocido como cuarta revolución industrial, Industria inteligente o ciberindustria del futuro). Ejemplo de ello es la factura electrónica, implementada de acuerdo con estándares definidos por la administración tributaria de cada país.

Se origina en el 2003 en Chile, con una resolución por la cual los contribuyentes tienen la posibilidad de utilizar este sistema de manera voluntaria. En el 2014 el Servicio de Impuestos Internos, organismo tributario de aquel país, toma medidas para implantar progresivamente su uso obligatorio, el cual terminará este 2018.

A nivel global, el incremento de la facturación electrónica fue en el 2017 de 13% para empresas y el sector público. En el caso del segmento B2C Business-to-Consumer, (B2C), aumentó a 12%, de acuerdo con el estudio E-Invoicing/E-Billing International Market Overview & Forecast.

El volumen de facturas electrónicas, a nivel global, intercambiadas alcanzó el año pasado los 36 billones de facturas. En ese escenario, Latinoamérica volverá a ocupar un lugar protagonista. El avance del informe anteriormente citado asegura que la región moverá unos 15 billones de facturas, de las cuales 9 billones corresponderán al ámbito B2B2C que agrupa el B2B (business to business) y el B2C; reflejando con ello que cada vez más empresas buscan proveedores de tecnología para estas actividades.

Como modelo único de facturación, la factura electrónica es el presente de muchos países latinoamericanos. En países como México o Brasil, el documento electrónico es utilizado en 100% de las operaciones comerciales. En otros como Chile, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica o Uruguay, se trabaja para implantarlo a mediano plazo.

Los pioneros en su uso son Chile, México y Brasil, donde se ha masificado y avanza en procesos de cumplimiento fiscal, como la contabilidad electrónica para empresas con facturación de hasta 5 millones de pesos. El objetivo es facilitar estas tareas a los contribuyentes reduciendo costos.

Algunos factores comunes son la obligatoriedad, trámites administrativos previos, códigos de control fiscal, firma electrónica, formatos, almacenamiento, entre otros.

Las leyes que han determinado la expansión de la factura electrónica en Latinoamérica persiguen sobre todo objetivos de control y eficiencia en la administración. Permiten conocer con exactitud el flujo monetario que mueven los contribuyentes a través de lo facturado en operaciones comerciales; mantienen una auditoría permanente al conocer a detalle la contribución de impuestos que la sociedad debe efectuar y posibilita formalizar la informalidad.

En el contexto actual de globalización, las empresas tienden a operar en mercados internacionales. En México la presión vino de las grandes cadenas comerciales que tenían todos sus procesos automatizados, excepto la facturación de proveedores.

Es posible que nos encontremos con servicios centralizados que repercutan en servicios de facturación y gestión de cuentas. Los sistemas de información centralizados en otro país distinto del origen de una empresa deben ser capaces de emitir facturas conforme a los parámetros que marca la legislación de cada país emisor. En muchos de los casos, las facturas son electrónicas y están sometidas a controles fiscales. Existen diferentes procedimientos para manejar dicha situación, entre ellas, contar con un prestador de servicios global, con capacidad de atender a compañías internacionales poseedoras de sistemas centralizados, a través de plataformas de facturación electrónica con capacidad de integración, validación sintáctica, legal y conservación.